Encontré al bebé una mañana de invierno, llorando en el pasillo de mi edificio en Vallecas.
Me llamo María López; tenía treinta años por aquel entonces, trabajaba como auxiliar de enfermería y vivía sola.
Al abrir la puerta para sacar la basura, oí un llanto débil, casi ahogado. Allí estaba: envuelto en una manta barata, con la piel fría, con un papel doblado en el bolsillo que simplemente decía: «Perdóname».
No había nadie más. Llamé a la policía y a los servicios sociales, pero nadie reclamó al niño. Tras semanas de trámites, me ofrecieron acogerlo temporalmente. Lo llamé Daniel.
Lo de «temporal» se convirtió en permanente. Daniel creció entre mis largas jornadas, mis deberes en la mesa de la cocina y mis domingos jugando al fútbol en el parque.
Nunca le oculté la verdad: sabía que no era hijo mío, sino de mi decisión.
Cuando tenía doce años, me dijo que yo era su madre porque me quedé. Eso me bastó. Vivíamos modestamente, pero con dignidad. Ahorré para su educación y él estudiaba con ahínco. Éramos una verdadera familia.
Todo cambió cuando Daniel cumplió diecisiete años.
Recibí una citación judicial: una mujer reclamaba la custodia.
Se llamaba Isabella Cruz, una empresaria multimillonaria, dueña de una cadena hotelera. Afirmaba ser su madre biológica. Su abogado presentó pruebas de ADN y una historia de pánico adolescente y presión familiar.
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